Presentamos otra obra imprescindible que se añade a la extensa lista de títulos de Eugenio Ribón Seisdedos, abogado y Presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, en su lucha contra la abusividad de las cláusulas que se imponen a los consumidores. En esta ocasión, es totalmente pragmática y procesalista porque se ocupa de la condena en costas en procedimientos de nulidad contra las cláusulas abusivas de entidades bancarias. Este intenso estudio es otra herramienta para enfrentarse a este gran problema que sufren los usuarios y, sin duda, otro gran paso en su defensa.

Tras el cierre de las clínicas dentales de Dentix y de iDental, son muchas las dudas que pueden surgir a los consumidores que han quedado en una situación de desamparo.
Este caso ha afectado a una pluralidad de personas para la que el perjuicio ha sido notable. Los usuarios son doblemente perjudicados, ya que siguen abonando un crédito al consumo y no han recibido los servicios contratados ni una solución por parte de esas entidades financieras a las que siguen sujetos.
En esta obra, herramienta imprescindible para la defensa del afectado de créditos vinculados, Eugenio Ribón Seisdedos, experto en protección de consumidores y usuarios, despeja todas las dudas existentes, analizando la situación de los pacientes tras el cierre de las clínicas, estableciendo de forma sencilla, práctica y útil los pasos a seguir por aquellos usuarios que tienen créditos vinculados al tratamiento odontológico y desvelando las acciones ejercitables frente a la clínica dental y la entidad financiera prestamista para liberar al consumidor afectado de esta situación. Además, como ya es habitual, acompaña la mejor doctrina con la más actual jurisprudencia, con referencia a la reciente declaración de concurso de acreedores por parte de las empresas relacionadas con la prestación de servicios de las clínicas Dentix, así como con precisos formularios para alcanzar el resultado pretendido.

En esta ocasión, el estudio de Jurisprudencia al Detalle está dedicado a la ?Modificación judicial de la capacidad de las personas en el marco de la Convención de Nueva York de 2006?. A la vista del Proyecto de Ley que prevé introducir una reforma en la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, hemos considerado necesario conocer la respuesta de nuestros Tribunales, centrándonos en las resoluciones más relevantes del Tribunal Constitucional, de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. En todos estos procedimientos el punto de partida es el marco legal que nos proporciona la citada Convención de Nueva York de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Incluye cuestiones fundamentales como el principio de no discriminación, la protección del discapaz mediante un ?traje a medida? flexible para adaptarse a sus necesidades, la exploración judicial, la diferencia entre modificación total y parcial, tutela versus curatela, defensor judicial, nulidad de actos realizados por el discapaz o guardador de hecho, los actos personalísimos, como son la capacidad para contraer matrimonio y otorgar testamento y el derecho de sufragio. Abarca también los internamientos no voluntarios y cuestiones procesales sobre competencia, además de algunos expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de derecho sucesorio, como la autorización judicial para la aceptación y partición de la herencia, para la aprobación de la partición, o para repudiar la herencia o legado.

El desarrollo normativo producido por la pandemia ha girado en torno a medidas de flexibilidad interna, teniendo como objetivo estabilizar el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y la capacidad productiva del tejido empresarial. La obra realiza un estudio pormenorizado de la prórroga de las medidas adoptadas previstas en el art. 23 RDL 8/2020 y de las nuevas relativas a las suspensiones y reducciones de jornada por fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas con el COVID-19, así como de las medidas extraordinarias vinculadas a las mismas en materia de protección por desempleo y cotizaciones.

El autor, máximo experto en la materia, actualiza de manera importante su obra adaptándola a las últimas resoluciones de Juzgados y Tribunales, y, en concreto, a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, que ha declarado inconstitucional el impuesto, cuando sea confiscatorio, así como a las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020, sobre la declaración de nulidad de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal. Por otro lado, realiza un exhaustivo análisis de la última jurisprudencia dictada sobre las distintas formas de acreditar, en cada caso, la inexistencia de incremento de valor del terreno, así como de la posibilidad de reclamar la devolución del impuesto basándose en errores en su valoración catastral.

El Derecho Penitenciario suele ser poco conocido, sin embargo, es fundamental hacerlo. En el presente libro, su autor, el Fiscal Juan Manuel Fernández Aparicio, aborda los aspectos más comunes e importantes de esta materia desde una óptica fundamentalmente práctica.
Cuánto tiempo y de qué forma se permanece en prisión depende, en buena medida, de tener un conocimiento riguroso del Derecho penitenciario. Por ello, el libro estudia la determinación de la pena centrándose en la complicada figura de la acumulación jurídica de penas, el abono de las medidas cautelares y el controvertido indulto. Igualmente, examina los elementos estructurales de nuestra arquitectura penitenciaria como son la clasificación penitenciaria, las diferentes libertades condicionales, el sistema de permisos o
los derechos y deberes de los internos. También se incluye el estudio de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y de la localización permanente. Para finalizar, el autor trata los aspectos procesales tales como el sistema de recursos, con especial referencia al recurso de casación o a la incidencia del Estatuto de la víctima en el ámbito penitenciario.

En el régimen de propiedad horizontal, conforme establece el art. 3 b) LPH, existe copropiedad sobre los elementos comunes. No obstante, algunos de ellos pueden tener un uso individualizado, en ese caso, ¿cómo se otorga?, ¿es este un derecho excluyente?, ¿quién será el responsable del mantenimiento y las reparaciones?, ¿qué limites tendrá este uso?, ¿qué obras están permitidas y cuáles necesitan acuerdo comunitario?, ¿podrá la Comunidad disponer de los citados elementos?, ¿procederá la creación de servidumbres?, ¿se deberá indemnizar al usuario? Estas y otras preguntas tienen respuesta en este completo estudio jurisprudencial.

En el presente Cuaderno analizamos una de las fases esenciales del juicio ordinario: la audiencia previa. Aunque es sin duda uno de los actos más reglados de la norma rituaria, se sigue de forma distinta y con soluciones heterogéneas en los diferentes juzgados de nuestro territorio. Por eso deviene esencial el conocimiento de los problemas que puede plantear la incomparecencia de algunas de las partes y las incidencias durante su desarrollo.

La junta de propietarios es el órgano superior de la comunidad donde se deben plantear y decidir todas las cuestiones comunitarias, por eso es importante la correcta adopción de acuerdos. Desde la convocatoria a junta hasta la redacción del acta, son numerosos los problemas que pueden surgir, por lo que hemos considerado interesante publicar la casuística al respecto: una selección de las consultas más relevantes que nos han realizado los suscriptores, más de 400, y donde estamos seguros de que encontrarán la solución a sus dudas.
¿Qué sucede si no se convoca la Junta? ¿Quién será el responsable de hacerlo? ¿Existe una fecha concreta de celebración? ¿Hay un número concreto de reuniones al año? ¿Dónde deben hacerse o en qué idioma? ¿Cuándo pueden convocar los propietarios? ¿Qué consecuencias tendrá no incluir en el orden del día un punto solicitado por un comunero? ¿Se pueden adoptar acuerdos en el apartado de ruegos y pregunta? ¿Tendrán derecho a votar los morosos si no se incluyen en el citado orden del día? ¿Quiénes pueden votar y cómo se computan las votaciones? ¿Cuándo puede revocarse un acuerdo? ¿Qué repercusiones tendría si la comunidad carece de libro de actas, si estas no se redactan o si no cumplen con los requisitos legales? Estas son algunas de las preguntas resueltas.

Esta obra nos introduce de una manera eminentemente práctica en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Utilizando el método de preguntas y respuestas, presenta la regulación que sobre la materia contiene el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, apoyándonos igualmente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (hasta noviembre de 2022), las resoluciones de órganos colegiados (Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales) desde 2015, así como la doctrina de la Fiscalía General del Estado.